La Asociación para la Defensa del Patrimonio ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y la Junta de Andalucía
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| Una de las excavadoras en "Cerro Colorao". Foto: SUR |
Las máquinas han vuelto a remover la tierra en el yacimiento arqueológico 'Cerro Colorao', tal y como lo hicieron hace más de una década cuando todavía no gozaba de protección. La Asociación para la Defensa del Patrimonio Cilniana detectó el pasado sábado, día 7 de enero, cómo varias excavadoras trabajaban en el entorno del vestigio, zona declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. La presidenta del colectivo, Catalina Urbaneja, aseguró que un guardia de seguridad impidió a los miembros de la asociación acceder hasta en dos ocasiones al yacimiento, localizado en propiedad privada, para comprobar 'in situ' el alcance de las obras y conocer las razones por las que se alteraba un espacio protegido.
Cilniana ha puesto los hechos en conocimiento de los agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la patrulla del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) y de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, organismo que ordenó al Ayuntamiento de Marbella que investigara los trabajos. Según avanzó a es periódico la delegada de Cultura, Carmen Díaz, técnicos tanto del área de Urbanismo como de Patrimonio han «constatado que no se trata de suelo municipal». La edil aseguró que el área afectada pertenece a Benahavís según el nuevo Plan General. En este sentido, cabe recordar que fue precisamente en esta zona, tres años atrás, donde se suscitó la polémica con respecto a los expedientes de deslinde, promovidos por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
Desprecio a la norma
«A nosotros nos da igual si es suelo de uno o de otro municipio, lo que queremos es que se paren las obras», aseveró Urbaneja. La historiadora subrayó que las máquinas siguen trabajando, incluso en domingo, ante la «indiferencia» de las administraciones. La presidenta de Cilniana recuerda que el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, compromete a las instituciones a la guarda y custodia de estos espacios. «Norma que se desprecia de forma expresa en situaciones en que los intereses particulares priman sobre el bien general y el patrimonio histórico», se lamenta.
A la denuncia del colectivo se ha sumado Opción Sampedreña. La concejala Gema Midón señaló que la actuación es una ilegalidad consentida por ambos municipios. «La declarada zona arqueológica es responsabilidad de los dos ayuntamientos, sin que uno pueda excusar al otro», abundó la edil que, al igual que Urbaneja, se acogió al mismo artículo de la referida norma andaluza. El yacimiento es una buena muestra del periodo prerromano en la costa occidental malagueña, cuya cronología se sitúa entre el siglo IV y el siglo I antes de Cristo.
