3 de febrero de 2015

Piden 2 años y 6 meses de prisión por destruir el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves (Huesca)

La Fiscalía solicitará al empresario leonés del carbón Victorino Alonso una condena de 2 años y 6 meses de prisión y a una indemnización de 14 millones de euros por la destrucción de la Cueva de Chaves, uno de los yacimientos neolíticos más importantes del país.
Este era el acceso a la desaparecida Cueva de Chaves, uno de los yacimiento neolíticos más importantes de España.
FOTO: JOSÉ LUIS ACÍN / Heraldo
Fuentes del caso han confirmado que la acusación pública considera a Alonso presunto responsable de los daños causados al entender que era él de hecho quien administraba la sociedad encargada de gestionar el coto de caza donde se encontraba el yacimiento, en una finca vallada ubicada en el Parque Natural de Guara.

Los daños se derivan de las obras y movimientos de tierra realizados en 2007 en el entorno de la Cueva de Chaves para la habilitación de unas instalaciones cinegéticas destinadas al cuidado de las piezas de caza que eran introducidas en el coto.

PÉRDIDA IRREMEDIABLE
Estas obras, según los informes de los peritos, provocaron la pérdida "irremediable" de los posibles niveles arqueológicos existente y la retirada de sedimentos en los que podrían hallarse piezas de interés para su estudio.

El fiscal tipifica los hechos como un presunto delito contra el patrimonio y solicita para el acusado 2 años y 6 meses de prisión, así como 14 millones de indemnización, cantidad que fija de acuerdo a un informe pericial elaborado por técnicos del propio Gobierno aragonés.

Por su parte, la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción imputa a Victorino Alonso el mismo delito contra el patrimonio pero le responsabiliza, asimismo, de otro contra el medio ambiente, y solicita sendas penas de 3 años de prisión.

INDEMNIZACIÓN DE 50,9 MILLONES DE EUROS
Además, los ecologistas reclaman una indemnización al Gobierno de Aragón de 50,9 millones de euros por los daños causados al yacimiento, de acuerdo con el informe pericial que elaboró tras los hechos el entonces director del Museo Arqueológico de Huesca, Vicente Baldellou, ya fallecido.


En cuanto a la indemnización a pagar por los daños al medio ambiente, delito que entienden los ecologistas que se cometió al ubicarse el yacimiento en un entorno protegido, se deja en mano de los técnicos del Gobierno aragonés su valoración durante el proceso.

Las fuentes citadas aseguraron desconocer si el instructor permitirá acusar por un delito contra el medio ambiente, ya que en su auto de conclusión de la instrucción, confirmado por la Audiencia de Huesca, no lo estimaba procedente.

Por otra parte, el Gobierno aragonés ha confirmado a Efe que ha presentado un escrito de acusación penal y de reclamación civil por los daños causados, cuyo contenido no ha dado a conocer.


Por su parte, la asociación Acción por la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) está pendiente de presentar ante el instructor el escrito de acusación por estos hechos.

Fuentes de esta organización han explicado a que en su escrito imputarán al empresario un presunto delito contra el patrimonio y reclamarán la indemnización de 50,9 millones planteada por el fallecido director del Museo Arqueológico de Huesca.

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