17 de diciembre de 2011

Un juez de Huesca imputa a Victorino Alonso por arrasar una cueva neolítica


El Juzgado de Instrucción Número 3 de Huesca ha citado a declarar «en calidad de imputado» al empresario minero leonés Victorino Alonso, en las diligencias previas por la denuncia presentada por la Asociación de Acción Pública en Defensa del Patromonio Aragonés (Audepa) y Ecologistas en Acción por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves, «el más importante yacimiento neolítico de España».
La cueva de Chaves era uno de los yacimientos neolíticos
más importantes de España.
El juez, que cita a declarar también a varias personas (entre ellos al guarda del coto de caza de Gastarás, donde se ubica el yacimiento), ha solicitado también un informe al consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para que «informe a este juzgado a la mayor brevedad posible sobre si la zona afectada cuenta con otro tipo de protección medioambiental, además de la cultural, y si las obras llevadas a cabo en octubre del 2007 o con posterioridad en la Cueva Chaves constituyen o suponen un menoscabo de dicha protección».
Según la presidenta de Apudepa, Belén Boloqui, profesora emérita de la Universidad de Zaragoza, Alonso, propietario de la empresa Fimbas que tiene el coto de caza, arrasó el yacimiento, y «pese a que en su día el director general de Patrimonio prometió llegar hasta el final el Gobierno de Aragón se limitó a una denuncia fiscal y no solicitó la imputación de Alonso».
Ante esta situación, Apudepa decidió personarse como acusación particular en el proceso judicial por el «gravísimo expolio arqueológico».
Boloqui señala que la destrucción del yacimiento tuvo lugar en octubre del 2007, aunque se tuvo conocimiento del mismo un año y medio más tarde.
La finca, catalogada en 1996 como coto de caza, acoge el yacimiento, que había sido objeto de catas arqueológicas durante varios años. A finales del 2007, según la profesora, Alonso ordenó limpiar y nivelar con una retroexcavadora (de su empresa Ferpi, cuyo administrador debe declarar también en calidad de imputado) los sedimentos arqueológicos. También derribó parte del techo y paredes, para convertir el lugar en zona de estabulación y comedero de animales de caza.
Además, el empresario realizó caminos, vallados y balsas en toda la zona, así como un almacén sin permiso y cuatro veces mayor del solicitado en el proyecto que presentó.
(Fuente: Diario de León / María J- Muñiz)

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